El pasado 19 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, a través de sus declaraciones brindadas en el programa televisivo Agenda Política en Canal N, instó al Congreso de la República a “seguir dialogando” y no ratificar el Acuerdo en mención. Estas declaraciones ignoraron los esfuerzos y avances desde la ciudadanía, que surgen con la Declaración de Río (1998) en las temáticas ambientales y de derechos humanos. Recordemos también que en el 2018 la exministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, firmó el Acuerdo de Escazú con la aprobación de diversas entidades como la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, Presidencia del Consejo de Ministros y de 10 ministerios como: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de la Producción y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dichas declaraciones se suman a la campaña de desinformación liderada por ciertos sectores y difundida por algunos medios de comunicación que afirman que el Acuerdo de Escazú “es la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional”, lo cual es FALSO. Este Acuerdo reconoce, en su artículo 3, el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; además, en su artículo 4, establece que la implementación de este instrumento internacional se efectuará conforme al marco normativo interno.

En correspondencia con ello, y en representación de los jóvenes de nuestro país, solicitamos la RATIFICACIÓN del Acuerdo de Escazú, por ser un indicador de coherencia política hacia el fortalecimiento de la democracia ambiental. Los derechos que en ella se incorporan como el reconocimiento, protección y promoción del derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales, suman a las acciones democráticas del Estado peruano. Adicionalmente, resaltamos que este Acuerdo reconoce entre sus principios la equidad intergeneracional que pone en el centro de la discusión la responsabilidad de garantizar un ambiente equilibrado y adecuado para las generaciones futuras. Este principio nos atañe particularmente a nosotros como organizaciones juveniles, ya que luchamos por un medio ambiente sano para nuestra generación y las generaciones por venir.

De no RATIFICARSE este importante acuerdo, se advertirá la complicidad de los padres de la patria, quienes hoy ostentan el poder político, por continuar en el estatus quo de indiferencia y represalia a nuestros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de nuestro país y en América Latina. En ese sentido, desde la plataforma Escazú Joven, impulsamos diferentes acciones e iniciativas con el objetivo de VISIBILIZAR la voz de los sujetos más vulnerables y quienes históricamente hemos sido marginados de la toma de decisión que afecta nuestra vida y nuestro futuro.  Fuimos las y los jóvenes quienes también defendimos la democracia cuando estaba en peligro, quienes defendimos nuestros derechos laborales cuando quisieron recortarlos, y seremos las y los jóvenes quienes defenderemos una vez más la justicia ambiental y la lucha por nuestros derechos humanos.

Por todo lo descrito anteriormente, EXIGIMOS al Congreso de la República cumpla con su deber de representación de la ciudadanía y ratifique el ACUERDO DE ESCAZÚ.